El sueño del proyecto transoceánico en el Istmo de Tehuantepec

La empresa de conectar la costa del Pacífico con la del Atlántico en México data desde el siglo XIX, época en la que el expansionismo de Estados Unidos ambicionaba con tener un paso interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. En 1859, Estados Unidos intentó apoderarse del Istmo con la firma del Tratado McLane-Ocampo, acuerdo en el México le concedía el libre tránsito de forma permanente a la potencia norteamericana. Afortunadamente, el Tratado no fue ratificado por el Senado estadounidense y México conservó la soberanía del Istmo. 

En 1894, Porfirio Díaz retomó la visión de unir ambos océanos iniciándose la construcción de un ferrocarril para conectar a los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz. La vía se inauguró en 1907 con un tráfico modesto y sobre todo de uso local. Lamentablemente, el inicio de la Revolución Mexicana y la inauguración del Canal de Panamá en 1924 menoscabaron el éxito a largo plazo del proyecto de Tehuantepec. 

Ya en plena época neoliberal, se inició el desmantelamiento de los ferrocarriles y se concesionaron las líneas más rentables. Por fortuna, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec no se consideró lucrativo y no se privatizó. Ello hizo posible formular la idea de llevar a cabo el Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec para rehabilitar el paso transoceánico. Según el investigador Carlos Zolla (2010), este Megaproyecto se puede definir como “la propuesta moderna de utilización del espacio mexicano más corto entre los dos océanos, a fin de trazar una vía de comunicación que permita vincular a las economías más poderosas del mundo, en el contexto de la globalización”. 

Durante los sexenios de los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, se intentó revivir el megaproyecto con la promesa de una mejora de la infraestructura física y la generación de empleos, pero al final de sus respectivas administraciones no se lograron  los frutos prometidos. Ante el fracaso del Plan Puebla Panamá de Vicente Fox y el proyecto de Zonas Económicas Especiales de Enrique Peña Nieto, el investigador Jaime Torres Fragoso (2017) plantea tres alternativas para darle mayor competitividad al proyecto transoceánico: lograr una mayor eficiencia operativa en las terminales portuarias, habilitar un tren de alta velocidad e instalar parques industriales. 

En ese sentido,  la administración del Andrés Manuel López Obrador elaboró en 2019 el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la vía férrea transoceánica, lo que eventualmente le dará una mayor competitividad a la región del Istmo de Tehuantepec. Mediante dicho proyecto, se prevé: incrementar la velocidad del tren de carga de 20 a 70 kilómetros por hora; ampliar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; e instalar 10 parques industriales. El proyecto ya cuenta con 4 autorizaciones de impacto ambiental emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y tiene una alta aprobación de las comunidades indígenas. 

El pasado domingo 7 de junio el presidente mexicano inició la supervisión de la rehabilitación de la vías férreas del Istmo de Tehuantepec, acompañado por los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, y de Veracruz, Cuitláhuac García.  Ambos gobernadores resaltaron la coordinación y la cooperación entre ambas entidades durante los primeros meses de trabajo. El gobernador Murat, que ganó las elecciones por medio del partido tricolor, llamó a cerrar filas con el mandatario mexicano para enfocarse en las coincidencias y para trabajar de forma incondicional desde Quintana Roo hasta las Bajas Californias. 

Hoy más que nunca es hora de crear un frente común para hacer que este tipo de proyectos se hagan realidad, sin importar que partido ocupen los gobernadores de los estados. Es hora de revivir un Megaproyecto que se añoró desde hace más de un siglo para impulsar el desarrollo en el sureste del país y con ello crear oportunidades de trabajo. Sobretodo, que mejore las condiciones de vida de los 12 grupos indígenas que habitan los 81 municipios ístmicos. Justamente, el proyecto del presidente López Obrador responde a la gran deuda histórica con estas zonas históricamente marginadas por los gobiernos neoliberales.

Como retuiteé recientemente un mensaje en el que me sentí plenamente identificado: yo no voté por el presidente López Obrador “para que me fuera bien a mí, porque yo tengo trabajo y trabajando me va bien como a muchos otros. Voté para que les vaya bien a los millones a los que siempre les ha ido mal, y si a ellos les va mejor, Mi Voto valió la pena!”. Y entre esos millones que siempre les ha ido mal, están los pueblos del Istmo de Tehuantepec, pueblos que no han visto mejorar sus condiciones de vida ante el abandono histórico que han tenido por las administraciones anteriores.

Orlando Vázquez


Fuente imagen: SCT / Mauricio Ledesma

Referencias:

https://www.redalyc.org/jatsRepo/676/67652755007/html/index.html

Por una legislación nacional a favor del matrimonio igualitario

El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.  Esta fecha fue designada en tanto que en un 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. 

Pero, ¿qué diferencia hay entre homofobia, transfobia y bifobia? En realidad no mucha, las tres tipificaciones de fobias hacen referencia a la discriminación, al miedo y las conductas y actitudes negativas hacia las personas homosexuales, transgénero y bisexuales. 

Aunque, la homosexualidad dejó de ser catalogada como una enfermedad mental desde 1990, aún existen 70 países que la penalizan y 14 países que prevén la pena de muerte. Lamentablemente, estas leyes discriminatorias perpetúan el odio irracional, que en ocasiones termina en actos violentos e incluso asesinatos en todo el mundo.

En un acto para condenar a las leyes que penalizan la homosexualidad, un grupo de expertos de derechos humanos publicó en 2007 un documento conocido como los Principios de Yogyakarta, en el que se recogen los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos. El documento hace un llamado a la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y al derecho al disfrute universal de derechos humanos, como el derecho a la vida, a la educación y a formar una familia. 

Si bien el progreso para legislar a favor de la comunidad LGBT+ ha sido lento, para noviembre de 2019 ya había veintisiete países que reconocían el matrimonio igualitario a nivel nacional. El primer país que legisló a favor fue Holanda en 2001 y desde entonces otros países en Europa y América tomaron el mismo camino. 

En América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay el matrimonio igualitario es legal a nivel nacional. En México, es legal en tan solo 19 estados a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció a favor de una legislación que abarque a todo el país.

Recientemente el senador Martí Batres se pronunció a favor del matrimonio igualitario en la conmemoración del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Desde su cuenta de Twitter declaró que “desde el Poder Legislativo se debe contribuir a esa batalla contra la discriminación aprobando legislaciones a favor del matrimonio igualitario y contra las llamadas terapias de reconversión”. 

Lamentablemente, en algunos estados del país, como Sinaloa y Puebla, los partidos políticos se ha impuesto a la negativa de legislar a favor de la comunidad LGBT+. Por ello, es imprescindible que la 4T reafirme su convicción en favor de las minorías y reviva la propuesta para garantizar el derecho a contraer matrimonio a nivel nacional. Todo ello con  el firme propósito de erradicar la discriminación y garantizar derechos igualitarios a la comunidad LGBT+. 

Orlando Vázquez


Fuente imagen: DW (2020) 

https://www.dw.com/es/ciudad-de-m%C3%A9xico-celebra-10-a%C3%B1os-de-matrimonio-igualitario/a-52777903

¿Valdría la pena cancelar el Tren Maya?

La primera línea de ferrocarril que se construyó en México, fue la ruta entre Veracruz y la Ciudad de México en 1842 bajo el mandato de Santa Anna, pero su mayor expansión tuvo lugar durante el Porfiriato (1876-1910), logrando pasar de 416 a 15,310 millas de vías férreas.

La infraestructura ferroviaria porfirista, que se financió con inversiones provenientes principalmente de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pasó a manos del Estado con el decreto de nacionalización del presidente Cárdenas en 1937. Sin embargo, la falta de modernización, una estrategia de operación obsoleta, el exceso de trabajadores y sobre todo la corrupción que caracterizó a las administraciones priístas en los años siguientes a la administración de presidente Miguel Alemán (1946-1952) llevó a la quiebra del sistema ferroviario, culminando con su privatización con la administración de Zedillo en 1995 en plena época neoliberal. 

Desde entonces y con la globalización de la economía mexicana en la década de 1990 los trenes dejaron de ser prioridad para el Estado y se continuó privilegiando a la infraestructura automovilística, ignorando los beneficios sociales y económicos que podría traer el tren. Mientras tanto, en China se iniciaba  la planificación de su red ferroviaria, logrando inaugurar su primera línea de alta velocidad en 2003. Hoy en día, China cuenta con la red de alta velocidad más grande del mundo y en Europa se sigue privilegiando la inversión en trenes, al ser un transporte limpio, que tiene una visión social y que contribuye al crecimiento económico. 

Sin embargo, en México, los detractores de la 4T han politizado el proyecto del Tren Maya, aludiendo a sus posibles “daños ambientales” y el “rechazo” de las comunidades,  tratando de defender a los pueblos indígenas que abandonaron por décadas y que quedaron fuera del desarrollo del país. Los gobiernos neoliberales apostaron por la privatización de los recursos estratégicos del estado, incluyendo los ferrocarriles. Bajo la premisa neoliberal, adelgazaron el papel del Estado y no corrigieron las fallas del mercado derivadas de la concentración de los recursos en las regiones con las mayores ventajas económicas, dando pie a un círculo vicioso que generó preferencias hacia las regiones más competitivas, y discriminación de las regiones más pobres. 

El proyecto del Tren Maya es el proyecto más legítimo de López Obrador para corregir las asimetrías en el desarrollo entre el Norte y el Sur causadas por el modelo neoliberal. Aún mas, es una oportunidad de oro para que el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, inhiba cualquier manifestación de corrupción por parte de los funcionarios responsables del proyecto. Pero sobretodo, el Tren Maya representa el  mayor esfuerzo del Estado para recuperar un área estratégica clave con el fin de potenciar el desarrollo social, cultural y económico de la península de Yucatán.

Orlando Vázquez


Fuentes:

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/08/la-apertura-de-tres-nuevas-zonas-arqueologicas-en-la-ruta-del-tren-maya-es-viable-determino-el-inah/

https://inah.gob.mx/boletines/8206-convenio-entre-inah-y-fonatur-impulsara-el-cuidado-del-patrimonio-cultural-durante-la-construccion-del-tren-maya

Fuente imagen:

http://www.trenmaya.gob.mx/

México en el G20: mensaje coherente y solidario

Bajo la premisa de que “la mejor política exterior es la interior”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado en resolver asuntos internos del país para recuperar la autoridad moral de México en la agenda global y darle la vuelta a la incongruente política exterior de gobiernos anteriores en la que México se convirtió en “candil de la calle, oscuridad en su casa”. 

Con un mensaje humanista y coherente con su política interna, López Obrador participó por primera vez en la decimoquinta reunión del G20 que se realizó de forma extraordinaria el pasado 26 de marzo, por video conferencia . A raíz de la crisis económica global de 2008, el  G20 se convirtió en el espacio más importante de deliberación política y económica en el mundo; reuniendo anualmente a las 19 economías más importantes del mundo y la Unión Europea. México forma parte de los estados miembros, junto con Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos. 

En la reunión, presidida por Arabia Saudita, el mandatario mexicano resaltó la importancia de responder ante la pandemia del coronavirus de la mano de especialistas y con el apoyo de la familia para proteger a los adultos mayores y madres embarazadas. En el ámbito económico, destacó la vulnerabilidad de las microempresas familiares y de aquellos que viven de la economía informal, es decir, quienes viven “al día”. Respecto a la cooperación internacional, el presidente delineó tres propuestas: que la ONU intervenga para garantizar el acceso a insumos médicos, evitando su especulación. En su segunda propuesta, hizo un llamado a las grandes potencias para que no acudan a políticas arancelarias unilaterales; no especulen con el precio del petróleo; y estabilicen los mercados financieros. Por último, persuadió a los mandatarios a combatir el racismo y la discriminación. 

La declaración conjunta del G20 coincide con la necesidad planteada por el mandatario mexicano para combatir la pandemia del coronavirus con una atención especial a los más vulnerables. En línea con la propuesta de México, el grupo se comprometió a mantener la libre circulación de insumos médicos, privilegiando un entorno de comercio internacional libre y justo. En vísperas de una crisis económica a nivel global, el G20 se comprometió a inyectar 5 billones de dólares, para contrarrestar los impactos sociales, económicos y financieros de la pandemia. 

Durante su participación en la cumbre del G20, México asumió una política exterior congruente con un gobierno que privilegia a los más vulnerables. Instó a las potencias del mundo a llegar a una tregua en medio de una pandemia que no reconoce fronteras, pero que requiere más que nunca de la cooperación internacional y de la solidaridad de los pueblos para salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos.

Orlando Vázquez


La legalización de la marihuana: una oportunidad histórica

Bajo el lema de “Reformular el combate a las drogas”, el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador plantea el fin de la fallida “guerra contra las drogas” y la adopción de una nueva estrategia de prevención y tratamiento de adicciones. Este nuevo paradigma reconoce la necesidad de reorientar los recursos para aplicarlos en programas de reinserción y desintoxicación. 

En línea con este nuevo enfoque y después de varias sentencias que garantizaron el “derecho al libre desarrollo de la personalidad”, el 14 de agosto del 2019,  la Suprema Corte de Justicia ordenó al Senado regular el uso recreativo de la marihuana. Al haberse agotado el primer plazo y dada la complejidad en la materia, la Corte extendió una prórroga que se vence el 30 de abril del presente año para avanzar con el proyecto de ley.

En este contexto, el pasado miércoles 4 de marzo, las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que expide la Ley para la regulación del cannabis. El dictamen, que aún será discutido en el pleno, se aprobó con 26 votos a favor de Morena, Movimiento Ciudadano y el PRD, 7 en contra del PAN y 7 abstenciones del PRI. 

Su implementación tiene el potencial de reducir el flujo de capital del crimen organizado, garantizar la calidad para los consumidores actuales,  generar oportunidades de investigación para descubrir nuevos usos terapéuticos, así como beneficiar a los campesinos que han estado sometidos por el crimen organizado.  

En el ámbito económico, la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis, estima que el  mercado de la planta en México estará valuado en 2,250 millones de dólares en 2021, convirtiéndose en uno de los más grande en el mundo. La ubicación estratégica de nuestro país con acceso al mercado de Estados Unidos, su clima ideal para el cultivo y la disponibilidad de mano de obra calificada,  crean presiones internacionales para que la legislación favorezca en gran medida a la inversión extranjera.

Por ello, el proyecto de ley debe evitar que nos convirtamos únicamente en una mina de oro de empresas extranjeras. En su lugar, habrá que promover que la mayor parte del valor agregado se quede en nuestro país y se generen los recursos fiscales que necesita el Gobierno para aplicarlos en programas de salud pública como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador.  

La iniciativa promovida por Morena representa el  mayor avance que se ha dado en la materia y hoy México tiene una oportunidad histórica para aprobar un proyecto de ley que ponga fin a un fallido modelo prohibicionista con altos costos sociales y se abra la puerta a un nuevo paradigma que incorpore la perspectiva de derechos humanos y de salud pública con una visión de desarrollo inclusivo y sostenible. 

@Orlandomvazquez


fotografía: panapost.com

Fuentes:

https://cannabis.senado.gob.mx/

http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGenerales.aspx

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf

https://elpais.com/sociedad/2020/02/05/actualidad/1580930959_133582.html

¿Qué nos quedó de la Reforma Energética?

El pasado miércoles 12 de febrero, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex fue detenido en España, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho. El exfuncionario presuntamente adjudicó contratos públicos a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de sobornos millonarios. Pero, más allá de la atención mediática de su detención en Málaga,  ¿qué lección nos deja la gestión corrupta de Lozoya en Pemex y su impacto para la Reforma Energética?

Lo primero que se asoma, es que el discurso de que la Reforma Energética aumentaría la transparencia y la rendición de cuentas, como lo señaló el mismo Lozoya en el libro Reforma Energética. Motor de crecimiento económico y bienestar, publicado por la Fundación Colosio, no podría haber estado más lejos de la realidad. 

Nos decían que la Reforma Energética permitiría la “modernización y fortalecimiento” de Pemex. Sin embargo, en 2016, Lozoya dejó a la paraestatal con la mayor pérdida financiera en su historia y con la menor producción de crudo en 25 años. De hecho, Lozoya recibió a Pemex con más activos que pasivos y la entregó con un patrimonio de 1 billón de pesos. 

La lección que nos queda, es que la Reforma Energética ni modernizó, ni fortaleció a PEMEX sino todo lo contrario. En cambio, se abrió el mercado de hidrocarburos a empresas extranjeras con una clara ventaja tecnológica y financiera frente a Pemex. Mientras que, se debilitó a Pemex y no se invirtió en su desarrollo tecnológico, argumentando que no salían la cuentas. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una ferviente lucha contra la corrupción . La detención de Lozoya representa un precedente histórico para castigar la corrupción en Pemex y sienta las bases para un entorno a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. 

En ese tenor, el actual director de  Pemex, Octavio Romero Oropeza, tiene una oportunidad histórica  para impulsar el desarrollo tecnológico de Pemex, a través del Instituto Mexicano del Petróleo y otros centros de investigación especializados. Con ello se lograría tan ansiada soberanía energética y tecnológica.

Orlando Martin Vazquez Villegas


Fuentes

http://pri.org.mx/descargas/2017/06/ReformaEnergetica.pdf

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Derroche-el-sello-de-Lozoya-al-frente-de-Pemex-20200213-0030.html

Imagenes:

Expansión.mx